Carlos de las Heras, responsable del trabajo sobre Europa y Oriente Medio dentro de Amnistía Internacional, ha destacado que el conflicto en Yemen representa una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Este conflicto ha estado marcado por múltiples violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, incluidos los crímenes de guerra. Entre los crímenes más preocupantes se encuentran los ataques aéreos de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí y los bombardeos indiscriminados de civiles, especialmente por parte de los hutíes. Además, el prolongado conflicto ha devastado la economía de Yemen y colocado al país al borde de la hambruna.
A pesar del acuerdo de alto al fuego, de las Heras señala que “todas las partes en el conflicto continúan cometiendo violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos con impunidad”. Los ataques ilegítimos causan la muerte o heridas a miles de personas civiles, bloquean el acceso a la ayuda humanitaria y destruyen bienes civiles.
Dicho conflicto ha sido alimentado por varios países que continúan suministrando armas a la coalición liderada por Arabia Saudí. “España, por ejemplo, ha exportado armas a Arabia Saudí por un valor de cerca de 2.500 millones de euros entre 2015 y junio de 2023”. Además, de las Heras subraya que, aunque no se ha constatado el uso de armas españolas en Yemen, la exportación de armas plantea dudas sobre la complicidad en las violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional trabaja actualmente en relación con el Examen Periódico Universal (EPU) al que se someterá Yemen entre abril y mayo de 2024. Evalúa la aplicación de recomendaciones anteriores relacionadas con la persecución de personas LGBTI+, la pena de muerte, los derechos de las mujeres, los migrantes, los solicitantes de asilo y los desplazados internos, así como la libertad de expresión. Además, Amnistía exige a las autoridades hutíes que detengan las ejecuciones previstas y la persecución de personas por su identidad de género u orientación sexual, real o percibida.
La organización también lidera una campaña de recogida de firmas online en apoyo de Fatma al-Arwali, una defensora de los derechos humanos de 34 años que se enfrenta a una condena a muerte. Al-Arwali fue declarada culpable de «ayudar a un país enemigo» por el Tribunal Penal Especializado de Saná -controlado por los hutíes-, tras un juicio manifiestamente injusto. Amnistía Internacional denuncia que los hutíes han sometido a Al-Arwali a interminables violaciones de los derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y detenciones en régimen de incomunicación.
En cuanto a la dificultad para hacer llegar ayuda humanitaria internacional, la organización subraya que tanto en Gaza como en Yemen existen obstáculos significativos. En Gaza, el bloqueo impuesto por las autoridades israelíes dificulta la entrega de ayuda, mientras que en Yemen, distintos grupos armados a menudo controlan la distribución de la ayuda humanitaria.
«El papel de las asociaciones locales pro-derechos humanos yemeníes en la labor de solidaridad internacional es limitado».
Carlos de las Heras-Amnistía Internacional
Según de las Heras, estas asociaciones se centran más en “denunciar violaciones de derechos humanos que en brindar ayuda humanitaria”.
En relación con el retorno de un mecanismo internacional de investigación de violaciones de derechos humanos en Yemen, Amnistía Internacional ejerce presión sobre la comunidad internacional para reformar el mandato de la Comisión Nacional de Investigación de Presuntas Violaciones de Derechos Humanos. La organización busca garantizar investigaciones independientes e imparciales, la publicación de conclusiones y la adopción de acciones judiciales contra los responsables.
En cuanto a la disparidad de género en Yemen, el país ha ocupado durante 13 años consecutivos el último lugar en el índice de disparidad entre los géneros del Foro Económico Mundial. La organización denuncia que las condiciones del conflicto han agravado la discriminación hacia las mujeres, quienes enfrentan “restricciones cada vez más estrictas de los hutíes que impiden que las mujeres yemeníes lleven a cabo su trabajo, sobre todo a las que necesitan viajar”.
Amnistía Internacional también expresa su preocupación por los recientes acontecimientos en el mar Rojo, donde los hutíes han llevado a cabo ataques contra buques comerciales y militares, contraviniendo el derecho marítimo internacional. La organización pide a la comunidad internacional que presione por un alto el fuego inmediato en Gaza y Yemen, y advierte que la incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU para lograr un alto el fuego podría exacerbar las tensiones regionales y poner en peligro a la población civil en toda la región.
